En medio del escenario crítico de la contratación estatal, se ha radicado en el Congreso un proyecto de ley que promete cambiar las reglas del juego: el Proyecto de Ley “Chao Elefantes Blancos”, una iniciativa que busca reformar la Ley 80 de 1993 y con ello transformar el modelo de contratación pública que ha permitido la proliferación de obras inconclusas, corrupción estructural y pérdida de confianza ciudadana.
¿Por qué es relevante esta iniciativa?
Según datos de la Contraloría General de la República, hasta el año 2023 existían 1.753 obras públicas inconclusas en Colombia, con un costo acumulado superior a $15,2 billones de pesos. Esto incluye desde hospitales hasta vías de comunicación, que fueron abandonadas por problemas de planeación, corrupción o simplemente por falta de control efectivo.
El proyecto propone dejar de ver al Estado como un simple “gestor de contratos privados”, y pasar a un modelo donde sea protagonista de la ejecución de obras y servicios. En esencia, se plantea un cambio de paradigma en la contratación pública, priorizando la transparencia, la ejecución efectiva y la responsabilidad de los actores.
Principales transformaciones propuestas:
- Ejecución directa como primera opción
El Estado deberá ejecutar directamente las obras y servicios, y solo podrá contratar con terceros cuando se justifique plenamente que no cuenta con la capacidad técnica o financiera. - Prohibición de la subcontratación en convenios interadministrativos
Se elimina la posibilidad de que terceros lucren con funciones que deberían ser gestionadas por el Estado, cortando de raíz las triangulaciones irregulares. - Transparencia reforzada
Será obligatorio publicar todos los documentos contractuales en SECOP II, para garantizar el escrutinio ciudadano y el acceso a la información pública. - Participación ciudadana activa
Se crea la figura del “Incidente de Objeciones Ciudadanas”, que permitirá presentar denuncias en cualquier etapa del proceso de contratación. - Sanciones más severas y responsabilidad solidaria
Las multas podrán llegar hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y se aumentarán los periodos de inhabilidad. Todos los actores (contratistas, interventores, asesores, etc.) responderán solidariamente por los impactos negativos del contrato.
Incluir a las comunidades: otro enfoque del proyecto
Una novedad significativa es la inclusión de las comunidades organizadas en la ejecución de obras. Se permitirá que organizaciones como Juntas de Acción Comunal, Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, entre otros, puedan ejecutar directamente proyectos públicos, reconociendo su capacidad territorial y su legitimidad social.
Esta propuesta no solo plantea una reforma normativa, sino una transformación cultural del modelo de contratación estatal. Si se aprueba, representará un giro técnico, jurídico y ético, clave para combatir la corrupción estructural que ha dejado al país lleno de “elefantes blancos” y sin resultados visibles.
Es importante que estemos atentos a este tipo de reformas. Esta iniciativa nos exige estudiar a fondo las nuevas reglas y acompañar técnicamente a quienes participan en estos procesos, desde el diagnóstico empresarial hasta la ejecución contractual.